Desde hace más de cuatro años, nuestro país vive una guerra contra el narcotráfico que oficialmente no existe pero que en realidad es una guerra contra el pueblo que ha costado la vida de cuarenta mil mexicanos, en su mayoría jóvenes, y la situación de otros diez mil, casi todos jóvenes también, que hoy habitan en ese aterrador limbo que las autoridades rotulan con el indiferente título de “desaparecidos”.
Desde hace años, mucho antes de que se declarara esta guerra, los parientes y amigos de las víctimas cuya voz silenció la violencia de un sistema impune y corrupto, han alzado la suya para demandar justicia, para exigir que se castigue a quienes arrebataron la vida de los suyos, o para que se presente vivo, como lo estaba antes de desaparecer, el ser que amaban.
Poco caso se le ha hecho a estas voces. Sólo el que lo ha vivido comprende hasta qué punto irrita, frustra, daña, duele y criminaliza la titánica y desigual empresa que significa luchar por la justicia en este país.
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